lunes, 10 de diciembre de 2012

Otra muerte por un desahucio,otra muerte del Capitalismo!

Una mujer de unos 60 años de edad, M.M.A., natural de la pedanía de Padilla de Duero (Peñafiel, Valladolid), falleció a primeras horas de esta tarde en Peñafiel tras precipitarse desde una ventana del piso en el que residía junto a su marido, una tercera planta. El suceso tuvo lugar poco antes de las dos de la tarde. Según las primeras pesquisas la fallecida, ayudándose de una silla, se subió a lo alto de la ventana de la cocina, desde donde se precipitó impactando a continuación su cuerpo contra la calzada, en la calle Las Huertas, en el número 22.

Hasta el lugar del suceso se desplazó de manera inmediata el equipo médico del Centro de Salud de la localidad, cuyos miembros se emplearon a fondo sobre el asfalto intentando reanimar a la mujer, la cual presentaba un fuerte impacto en la cabeza.

Sobre esta trágica muerte planea la sombra del desahucio, ya que según han informado fuentes cercanas al caso, se ha producido apenas unos días antes de que esta familia vaya a ser desalojada al pesar sobre ella una inminente orden judicial de desalojo de la vivienda, en la que residía en régimen de alquiler desde hace al menos 20 años.

Según comentaron personas cercanas a la familia y del entorno vecinal, el marido está jubilado y la fallecida recibía una pensión al padecer desde hace años problemas de salud, incluido un cuadro depresivo. Las mismas fuentes hablan de un intento, en el último verano, de la finada por quitarse la vida, evitándolo unos familiares.

Los vecinos hablan de un matrimonio -que tiene una hija y dos nietos adolescentes- muy unido, en el que el marido se volcaba en los cuidados de la esposa. La relación vecinal también era de lo más cordial y armoniosa.

Además de los sanitarios, hasta el lugar del suceso se desplazó una patrulla de la Guardia Civil del Puesto de Esguevillas de Esgueva que se encargó de acordonar la zona y evitar el paso de transeúntes. A estos agentes se sumó uno de los mandos del cuartel de Peñafiel. Un miembro de la Policía Científica de Laguna de Duero fue el encargado de realizar la investigación pertinente y una dotación de Bomberos del Parque peñafielense limpió la acera y la calzada el charco de sangre que quedó tras la retirada del cadáver, el cual fue levantado por el forense de guardia desplazado desde Valladolid. A continuación el cuerpo fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de la capital provincial.


FUENTE: lahaine

viernes, 7 de diciembre de 2012

Nuevo comunicado del Grupo de Apoyo "Alfon"

VAN A POR NOSOTRXS, VAN A POR VOSOTRXS

¿Qué opción dejan al movimiento anticapitalista cuando detienen, humillan, torturan, encarcelan, asesinan… al pueblo en general y a los militantes en particular? Hemos dicho ya basta, no estamos dispuestos a renunciar a nuestras ideas revolucionarias. El camino por la libertad de Alfon, y por todxs los demás presxs en lucha, no va a ser fácil, será larga y dura, porque estamos hablando de exigir su liberación, de tirar abajo el sistema carcelario que está manchado de sangre, de jamás claudicar, ni arrepentirse ante el enemigo… y no de pequeñas reformas que parcheen este caduco régimen.
Nuestra unidad y firmeza no puede acabar con esos muros asesinos, necesitamos algo más y es que la solidaridad se vea reflejada en la calle, que asuman la existencia de presxs políticxs en el Estado Español y tomen como propia esta batalla, las diferentes organizaciones, colectivos, asambleas, centros sociales e individualidades que componen el movimiento anticapitalista. Este ha sido un tema tabú durante muchos años por miedo a la represión, pero hoy en día, con la que está cayendo, cualquiera puede incrementar esa lista, y el enemigo bien lo sabe, por lo que van a impedir a toda costa la solidaridad, ya sea por medio de sus cuerpos represivos (sabemos cómo se las gastan) o a través de partidos, sindicatos y plataformas que hacen un flaco favor a la reacción con la línea reformista que llevan a cabo. La historia nos lo ha demostrado en numerosas ocasiones, pero aún así, lo volvemos a gritar bien alto, estos partidos legitiman al estado represor y fascista, y por muy “progres” que dicen ser, no son más que una pieza necesaria dentro de la maquinaria de este sistema para confundir y desmovilizar a la gente. Los sindicatos, más de lo mismo, pactan con la patronal la explotación de la clase obrera y encima tienen representación sindical entre los carceleros, los mismos que torturan y humillan a los nuestros… ¿Cómo vamos a confiar en ellos?.
Los presxs son los primeros en sufrir las consecuencias en sus carnes, porque son el ejemplo de bravura y resistencia para el pueblo, pero también son utilizados como blanco fácil a la hora de frenar las luchas combativas que se encuentran en la calle. Esto último es muy importante, puesto que si el movimiento anticapitalista está dispuesto a dar guerra, van apretar con leyes infrahumanas a los de dentro, como en este caso la aplicación del FIES a nuestro compañero Alfon, esto es un círculo vicioso que vuelve a los que están fuera para atemorizarlos y usarlos como “apagafuegos”.
Entendemos que luchar por los que están secuestrados en los centros de exterminio del Estado Español, no se reduce solamente al apoyo postal y económico (actividades más que necesarias), sino a seguir la lucha marcada por toda esa gente que con sus ideas o acciones han querido aumentar el nivel político, ya sea teórico o práctico; hombres y mujeres valientes que se han atrevido a cruzar la línea roja de la legalidad, sabiendo las consecuencias que sus actos traerían consigo.
Jamás dejaremos a ningún compañerx en la estacada, nos da absolutamente igual los cargos que se le imputen, para nosotrxs es uno más de tantos que se enfrentan día a día al capitalismo de una manera firme, consecuente y eficaz.
 ¡¡¡ LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO !!!

¡¡¡ ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES !!!

Alfonso Fernández Ortega
Centro Penitenciario Madrid V
Apartado de Correos 200
Colmenar Viejo (Madrid)
Código Postal: 28770
Módulo 6
 



Grupo de Apoyo "Alfon"
alfonlibertad.blogspot.com

sábado, 1 de diciembre de 2012

DESALOJO CSO LA TRABA!!


Basta ya de desalojos y desahucios, primero 

la gente. 


CSO La Traba, ¡50 años más!

Recientemente ha llegado un texto jurídico a la atención de "los ignorados ocupantes" del inmueble situado en la calle Batalla de Belchite 17. Es decir, el Centro Social Okupado La Traba. El propietario ha iniciado un proceso por lo civil, apoyándose en la Ley Hipotecaria, para reclamar legalmente la propiedad del edificio, tasado en más de un millón seiscientos mil euros. Así mismo se cita a un juicio el día 10 de diciembre, si bien para simplemente poder tener entidad jurídica en ese juicio, es decir, para tener derecho a defenderse legalmente, se debería pagar la suma de !!60.000 euros!!

Nos quieren dejar desnud@s y sin opciones legales de reivindicar La Traba como lo que es, un espacio de utilidad pública y social. La Traba lleva más de 5 años construyendo tejido asociativo en el barrio junto con vecin@s jóvenes y no tan jóvenes, asociaciones y AMPAs, desarrollando alternativas culturales y sirviendo de plataforma para las luchas sociales.

La Traba es un espacio abierto, autogestionado y multicultural, donde se realizan actividades con un fin de cambio social. Cuenta con varias actividades siempre gratuitas a disposición de tod@s, como el gimnasio deportivo, el parque cubierto de bicis BMX (uno de los más grandes de la península), un espacio para bailar y organizar sesiones de break dance, un local de ensayo para bandas musicales del barrio, un grupo de teatro, una asociación de baile folklórico boliviano que apuesta por la convivencia intercultural. Un estudio de grabación, donde grupos de jóvenes crean, graban y editan sus propias canciones, aprendiendo de forma gratuita y comprometida. Un grupo de consumo que apuesta por el pequeño productor y la comida ecológica. Una oficina de desobediencia económica para poner en práctica la objeción fiscal y la organización de insolventes y deudores. Y como parte de la solidaridad activa que practicamos, el próximo 1 de diciembre tendrá lugar en La Traba un evento de apoyo al Sindicato Andaluz de Trabajadores, organizado por colectivos y organizaciones de Madrid, en el que participarán Manuel Sánchez Gordillo y Diego Cañamero.

Lamentablemente el gobierno del Partido Popular está actuando como muchos predijeron: aplicando políticas totalmente contrarias a sus promesas electorales, realizando recortes que dejan a la población con cada vez menos posibilidades de vivir dignamente y respondiendo a las protestas sociales con represión policial. Los desahucios no sólo continúan sino que se cobran víctimas mortales como las de Granada y Barakaldo, además de intentos de suicidio no consumados  provocados por las dramáticas situaciones que están viviendo actualmente muchas familias. Y como colofón ahora está ocurriendo lo mismo que ocurrió en la era Aznar: están arrasando con los centros sociales de los barrios. Al reciente desalojo del CSO Casablanca o el registro de la sede social de Bukaneros hay que sumar la lista de desalojos que han tenido lugar en los últimos meses, sin olvidarnos de los ataques fascistas de que fue objeto el CSO La Fábrika de Villalba este verano. Ahora le toca el turno al CSO La Traba.
Entre 1996 y 2004 se multiplicaron los desalojos, hasta el punto de que sólo quedó un centro social okupado en Madrid: el CSO La Casika de Móstoles. Si ellos lograron sobrevivir al PP, entonces hay un rayo de esperanza que convertiremos en acción.

Sabemos que la juventud creativa está siendo "ignorada" por los grandes poderes de este sistema capitalista, lo mismo que ocurre con los parados o trabajadores en activo pero cada vez más precarizados. Seremos los "ignorados ocupantes" del CSO La Traba, ignorados por los de “arriba”, pero el papel cultural, político y social que desempeñamos no es ignorado por muchas personas de “abajo” en Arganzuela y en Madrid.

Llevamos más de 5 años dando vida al CSO La Traba y tenemos intención de hacerlo por lo menos durante 50 años más. Reivindicamos la necesidad de espacios sociales en los barrios y pueblos de Madrid gestionados por y para la gente.

Basta ya de desalojos y desahucios, primero la gente.

¡CSO La Traba, 50 años más!

miércoles, 21 de noviembre de 2012

ISRAEL, LICENCIA PARA MATAR


ISRAEL, LICENCIA PARA MATAR
Todo suena a "ya visto", a mil veces repetido y mil veces olvidado. El lanzamiento de la operaciónPilar defensivo sobre Gaza, nos remite al escenario, incluida la proximidad de elecciones en Israel, de la denominada Plomo Fundido, entre diciembre de 2008 y enero de 2009, que se saldó con 1400 muertos de los que más de 300 eran niños; y a Lluvias de Verano en el verano de 2006, con 450 muertos; y a Días de Penitencia, septiembre 2004 , con más de un centenar de muertos ; y aCinturón de Defensa, abril 2002, en Cisjordania, más de 500 muertos... ¿Hasta dónde podemos remontar la lista? ¿Hasta la matanza de Deir Yassin en abril de 1948 que marcó la estrategia de expulsión de la población palestina de lo que entonces aún era su tierra? ¿O hasta el más reciente muerto palestino, en Cisjordania o en Gaza, por el disparo de un soldado israelí?
Pero no, no hay que remontarse a la historia, ni siquiera a la de hace unas semanas. No es ese el guión aceptado. El guión aceptado por la diplomacia occidental y por desgracia también por la mayoría de los medios de comunicación, dice que los hechos comienzan en el momento en el que un grupo de milicianos de la Yihad o de Hamás lanzan cohetes sobre Israel. Y que los bombardeos por tierra mar y aire del ejército israelí son una operación de represalia. Los cohetes de Hamas nunca son represalia. Las bombas de Israel siempre lo son.
Ni los ya seis años de bloqueo, ni la sucesión de ataques, el último el pasado 4 de noviembre, de soldados israelíes contra las gentes de Gaza son relevantes. Lo relevante es reconocer el derecho de defensa de Israel. Dicho esto se puede adoptar el gesto compungido de rigor para pedir contención a las partes y, a ser posible, recordar una vez más antes de terminar el párrafo, que el problema es Hamás.
Que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, o el inefable Tony Blair sigan tan sumisamente el discurso israelí es triste pero digamos que se entiende desde la perspectiva de que nadie espera de ellos un relato veraz de los hechos. Más grave es el seguidismo de los medios de comunicación al relato israelí. El modo en el que se asume el lenguaje y la versión de la potencia ocupante resulta obsceno. Se titula "operación de represalia israelí" y ni siquiera se tiene la precaución de añadir junto al término represalia "según el ejército" o "según el gobierno de Israel". Se normaliza la aberrante expresión "asesinato selectivo" incluso cuando se sabe que rara vez es selectivo pero siempre es asesinato.
Se dice "Israel bombardea objetivos de Hamás" aunque los hechos muestren una carnicería de civiles culpables quizás de haber votado a Hamás. Se hace hincapié en el miedo de la población de Israel a los cohetes palestinos hasta el punto de crear una falsa equivalencia entre su miedo y el atroz sufrimiento de la población encerrada en Gaza. Se obvia recordar que "el castigo colectivo" es un crimen de guerra. Se elimina el término ocupación a la hora de contar lo que pasa. Se acepta como expresión de los hechos lo que es versión israelí de los hechos. Y se acepta como parte del derecho de Israel a defenderse , el derecho a atacar como, cuando y donde quiera. Atacar y amenazar. Por ejemplo a la Autoridad Palestina por seguir adelante con su solicitud de ingreso en Naciones Unidas.
Y no pasa nada. Será que el reconocimiento de Palestina como estado observador en Naciones Unidas representa una amenaza a Israel y hay que aceptar de antemano su derecho de represalia.  Será que el derecho a la defensa de Israel implica que la población palestina expulsada de su tierra en 1948, viviendo bajo ocupación militar en lo que queda de su patria, no tenga nunca derecho a defenderse. O simplemente a existir.
FUENTE: publico.es. Por Teresa Aranguren

lunes, 19 de noviembre de 2012

EL GENOCIDIO ISRAELÍ VUELVE A LA CARGA


 Los bombardeos israelíes sobre Gaza se ceban con los niños

La artillería y la aviación hebrea siguieron atacando la Franja durante la noche. En total ya son 88 muertos palestinos. La UE se limita a dar el pésame.

Una nueva noche de bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza aumentó el reguero de muertos palestinos, que ya ascienden a 95. Los heridos son al menos 700. La Ciudad de Gaza ha sido la más afectada por la ofensiva aérea, bautizada por los comandante hebreos como Pilar de Defensa
Cuatro personas, entre ellas un niño de cuatro años de edad, han muerto después de que uno de los misiles israelíes cayera sobre una vivienda del distrito de Al Zaitoun. Además, otras dos personas, incluido un bebé de 18 meses, han fallecido a causa del ataque hebreo al distrito de Al Shujaiyeh. El fuego israelí está volviendo a cebarse con los más pequeños como sucediera durante la operación Plomo Fundido hace cuatro años
Los campamentos de refugiados situados en los alrededores de Ciudad de Gaza también han sufrido las consecuencias de la ofensiva aérea del país hebrero. En el asentamiento de Al Shafti ha muerto una persona y en el de Jabalia otra. En Ciudad de Gaza los heridos en las primeras horas del lunes se cuentan por decenas. Según la agencia Maan, por ahora serían 70 personas.
En la ciudad de Rafá, ubicada en el sur del territorio palestino, el impacto de dos cohetes israelíes ha acabado con la vida de al menos tres personas, entre ellas una mujer de 60 años de edad, mientras que cuatro han resultado heridas, por lo que han tenido que ser trasladadas a un centro sanitario. Con todo ello, el número de personas que han muerto en la Franja de Gaza desde el pasado miércoles ha ascendido a 95. A ello hay que sumar los tres israelíes fallecidos a causa de los proyectiles lanzados desde el territorio palestino.
La jornada del domingo fue la más mortífera desde que Israel puso en marcha su ofensiva contra el territorio palestino. Al menos 29 personas murieron ayer en la Franja de Gaza, incluida una familia de 11 miembros, entre ellos cuatro niños, cuya casa fue bombardeada "por error" según el Gobierno israelí. El portavoz del Ejército hebreo, Yoav Mordechai, dijo al canal Channel 2 que el ataque estaba dirigido contra el jefe del programa de cohetes del brazo armado de Hamás, Yahyia Byya, que es vecino de la familia Abu al Dalou y que, al parecer, salió ileso.

La UE muestra su preocupación 

Mientras tanto, la Unión Europea ha utilizado el mismo discurso de siempre: pide una solución pero no condena el uso demsedido y desigual de la fuerza por parte de Israel. La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común, Catherine Ashton, se dijo "muy preocupada por la pérdida de vidas. Tenemos que evitar que gente inocente de ambos lados perezcan. Mis sentimientos van para las familias. Tenemos que encontrar una solución para esto y sé que todo el mundo está de acuerdo".
Ashton aseguró estar en contacto con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con la Liga Arabe y los países árabes. "Tenemos que encontrar una manera de impedir el tipo de ataques violentos con cohetes que hemos visto y también para traer algo de seguridad y paz en esta región", ha recalcado la jefa de la diplomacia europea. "Durante mucho tiempo llevo diciendo que necesitamos encontrar una solución a largo plazo para Gaza", ha insistido Ashton.
Israel ha atacado 1.350 objetivos en la Fanja de Gaza, mientras que Hamás habría lanzado 848 proyectiles sobre suelo hebreo desde el pasado miércoles según el Ejército israelí.
Los ministros de Exteriores de la UE discutirán esta tarde, entre otros, la situación en Oriente Próximo ante la escalada de violencia entre Israel y Hamás desde el pasado miércoles. "Discutiremos nuestra respuesta", avanzó Ashton. "Los acontecimientos de estos días muestran que necesitamos encontrar una solución sostenible y a largo plazo, una solución sostenible de dos Estados en el que los dos vivan en paz y seguridad", recalcó.
FUENTE: publico.es

LOS PERMISOS DE RESIDENCIA EN VENTA

El Gobierno concederá la residencia a los extranjeros que compren una casa por más de 160.000 euros

El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz asegura que objetivo de esta medida sería reducir el 'stock' de pisos. El cambio normativo "se pondrá en marcha dentro de unas semanas". Mariano Rajoy, afirmó poco después que la decisión aún no está tomada El Gobierno pone a la venta los permisos de residencia y, además, a un precio concreto.

El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz anunció este martes que el Ejecutivo concederá el permiso de residencia en España a extranjeros que adquieran una vivienda cuyo precio sea superior a 160.000 euros. "En unas semanas se va a poner en marcha una reforma del Decreto de extranjería para conceder permisos de residencia en España a extranjeros que adquieran una vivienda a partir de un nivel de precio. El objetivo es reactivar la demanda exterior y contribuir a reducir el 'stock' de oferta de viviendas", dijo García-Legaz en su intervención en 'El Agora' de El Economista. García-Legaz añadió que este cambio normativo también se ha llevado a cabo en Irlanda y Portugal y está siendo valorado por los gobiernos de otros países europeos. 

 El secretario de Estado apuntó a los 160.000 euros como el límite de precio de los pisos que se fijaría en esta medida, un importe que estima "equilibrado". "No se puede poner un límite de precio más bajo, porque generaría una demanda masiva de permisos de residencia. Un precio inferior podría servir de excusa para obtener la residencia", apuntó García-Legaz al respecto. En los seis primeros meses del año 82.711 extranjeros obtuvieron su tarjeta de residencia. La cifra se amplía a 189.536 personas que obtuvieron su permiso entre el 30 de junio de 2011 y el 30 de junio de 2012. Con esta nueva medida el número crecerá, aunque ni siquiera García-Legaz fue capaz de dar una cifra concreta. En cuanto a los destinatarios, Gargía-Legaz considera que los mercados ruso o chino son en los que se detecta "una demanda importante de vivienda en España". Según indicó, se trata una iniciativa en la que trabajan desde la pasada primavera los ministerios de Empleo, Fomento, Interior y Asuntos Exteriores, y cuyo objetivo sería reducir el 'stock' de pisos que existe en España, donde actualmente "no se ve mucha capacidad de compra por la falta de crédito". 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó poco después que la decisión aún no está tomada, aunque dio a entender que sí, que finalmente se aprobará. "No hay una decisión tomada por parte del Gobierno", dijo el presidente, informa Ana Pardo de Vera. En la rueda de prensa con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el jefe del Ejecutivo informó de la intención del Gobierno de sacar del stock de viviendas a la venta el mayor número posible de ellas para "reactivar" un sector muy perjudicado por la crisis. Aunque, aclaró, que su deseo es normalizar la actividad del mismo, no cometer los excesos pasados que provocaron la burbuja inmobiliaria y su posterior reventón. Fuentes del Gobierno señalaron que la forma de proponer la medida por parte de García-Legaz ha sido "precipitada y en términos poco claros", ya que puede dar la sensación de que en España, la residencia en el país pasa a ser una cuestión de dinero y discriminatoria en función de la renta de los inmigrantes.

Reunión de varios ministerios Para justificar la decisión, García-Legaz aseguró que hay "muchísima" demanda del sector inmobiliario fuera de España y puntualizó que el mercado de viviendas español ofrece una situación "muy atractiva" ante la caída considerable que ha tenido en los precios. Tambien valoró la competitividad de este sector por su proximidad al resto de países europeos y la estabilidad política y jurídica que ofrece a los extranjeros. García-Legaz explicó que el cambio en la ley de Extranjería "se pondría en marcha en unas semanas". Según explicó, mañana martes habrá una reunión con los ministerios implicados para tratar este cambio normativo El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ya avanzó el pasado 14 de noviembre en el Congreso de los Diputados que el Gobierno está acelerando los permisos de residencia para extranjeros que adquieren propiedades inmobiliarias en España. Toxo: "Suena raro" Las reacciones no se hicieron esperar.

Desde el PSOE la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, se mostró cauta este lunes sobre la intención del Gobierno porque no la ve "ni siquiera verosímil". Según Valenciano, si lo que se pretende es mover el 'stock' de viviendas disponibles, hay medidas mucho más "rigurosas". El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo manifestó su "sorpresa" por la propuesta del Gobierno y la calificó de "rara". "Suena a novedoso, pero raro", señaló Toxo, quien aseguró desconocer si "va asociado solo a permiso de residencia o también a permisos de trabajo" y si es así, se preguntó, "qué tratamiento van a tener los inmigrantes sin papeles". En este sentido, incidió en si la pretensión del Gobierno es que el nivel de renta sea "lo que determina si una persona es sujeto de derechos que a otros con otro nivel de renta no se le dan". Toxo dijo que esperara a tener toda la información "antes de deslizarme por una pendiente de comentarios que al final puedan resultar menos constructivos de lo que me gustaría". No obstante, pidió al Ejecutivo que reflexione y busque soluciones "al conjunto de las personas que estando en nuestro país necesitan de un tratamiento". "Es raro, raro", concluyó el secretario general de CCOO.

FUENTE: publico.es

domingo, 18 de noviembre de 2012

LIBERTAD PRESXS POLÍTICOS! ALFON LIBERTAD!


BASTA YA DE REPRESIÓN!

LIBERTAD PRA LXS DETENIDXS DE LA HUELGA Y PARA TODXS LOS PRESXS POLÍTICOS!

ALFON LIBERTAD! NO ESTÁS SOLO!



COMUNICADO EMITIDO POR BUKANEROS ANTE LA ESCALADA REPRESIVA


Comunicado ante la escalada represiva


Ante los graves acontecimientos y falsas acusaciones vertidas hacia este grupo, Bukaneros informa que en los últimos instantes del día de ayer, 14 de noviembre, miembros de las fuerzas de seguridad han acudido a uno de los puntos habituales de reunión de los socios y simpatizantes de nuestra peña, entrando por la fuerza destrozando la puerta y sin aviso previo alguno, informándonos posteriormente a través de una llamada a uno de los muchos socios que sufren seguimientos y cuyos móviles están ilegalmente controlados. El registro, al parecer, ha estado encabezado por una unidad especial dedicada a artefactos explosivos, que ha buscado en todos y cada uno de los rincones, llevándose en principio:

-Diverso material pirotécnico como bengalas y cohetes que utilizamos en todos los partidos en casa, al igual que todos los grupos de animación, para dar ambiente antes de los encuentros y parte del cual estaba destinado a los fuegos artificiales que estaba planificado realizar en el próximo partido ante el Mallorca con motivo de la celebración de nuestro 20 aniversario.

-Material de cocina como cuchillos y otros utensilios que se pueden encontrar en cualquier hogar, así como diversas herramientas.

-Restos de disolventes, gasolina y otros productos similares utilizados en la elaboración de los tifos, algunos para mezclar tintas y colores y otros destinados a la limpieza de los utensilios y del plástico y telas con el que se confeccionan.

-Escudos artesanales utilizados en las clases de Aikido, defensa personal y de otras artes marciales que se imparten en el lugar, así como palos destinados a este fin o a portar banderas y otro material de grada con el que animamos habitualmente a nuestro equipo.

-A todo esto hay que sumar listas de socios, un ordenador, un portátil, tarjetas de cámaras de fotos y otros elementos que, como el resto, nada tienen que ver con artefactos explosivos y que suponemos será para continuar sacando información y criminalizando a nuestro grupo.

Porque tan solo unos instantes antes de que esto sucediera, la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, no tenía ningún reparo en decir públicamente que detrás de los incidentes con los que finalizaba la jornada de huelga general se encontraba Bukaneros. Es tan obvio que esto responde a una maniobra de despiste y criminalización hacia este grupo, que no haría falta ni denunciarlo, pero ante este registro y persecución sin precedentes no podemos sino alzar la voz y denunciar públicamente el atropello que estamos sufriendo. Somos simplemente la cabeza de turco que utiliza el gobierno para desviar la atención, ya que interesa más tratar a un pequeño colectivo como auténticos terroristas que hablar de las históricas manifestaciones de ayer o de la enésima actuación desproporcionada e inhumana de las fuerzas de seguridad.

Es totalmente surrealista que toda una Delegada del Gobierno intente hacer creer a la sociedad que una simple y pequeña peña de fútbol, que anima al equipo más humilde de toda la Primera División, sea culpable de los disturbios ocasionados en toda una capital como Madrid por, como se aprecia en todas las imágenes, miles de personas. Cristina Cifuentes ha marcado su punto de mira en Bukaneros y esto es un paso más en su proceso de intentar acabar con nosotros, proceso acelerado desde que en el Fondo de Vallekas se mostrara una pancarta tras los incidentes del 25-S que aludía directamente a ella y a su marido, que como toda la sociedad conoce se encuentra fugado de la justicia. Desde entonces, por no callarnos y no ser sumisos ha abierto una guerra frontal y directa contra nosotros, aumentándose los seguimientos, controles, registros y hostigamiento hacia muchos miembros de Bukaneros, siendo este registro el último episodio de una escalada represiva que parece no tener fin.

Bukaneros es una peña nacida por y para animar a nuestro Rayo Vallecano, teniendo como es obvio un marcado carácter social que se refleja en nuestro estadio. Nada más. Todos y cada uno de nuestros miembros, como es lógico, son libres de hacer de forma individual aquello que estimen oportuno en cualquier ámbito, sabiendo que las consecuencias de sus actos recaen sobre su persona y no sobre un colectivo que no sabe lo que cada uno hace cada semana entre partido y partido. Esto tan simple y obvio no es entendido por una delegada del gobierno que nos ha enfilado por decir públicamente aquello que pocos dicen y que todo apunta que va a continuar en esta línea de acoso y derribo hacia Bukaneros. Por ello pedimos que acabe este proceso de criminalización hacia nosotros y que no manchen el nombre de un colectivo con veinte años de historia.

Bukaneros, 20 años al abordaje

miércoles, 24 de octubre de 2012

ABSOLUCIÓN DETENIDOS EN ALMERÍA


COMUNICADO CONTRA LA REPRESIÓN DEL MOVIMIENTO ANTIFASCISTA EN el PONIENTE ALMERIENSE.

POR LA ABSOLUCIÓN DE LOS DETENIDOS.

Una vez más, podemos ser testigos de un montaje policial, esta vez en la zona del Poniente Almeriense. Varios compañeros de este municipio, tras una admirable e incesante lucha por la igualdad social y por desenmascarar este sistema corrupto y fascista, han sido acusados de atentado físico e ideológico contra varios neonazis, así como de asociación ilícita, llegando a estar perseguidos, identificados e interrogados, pasando 72 horas completas retenidos y con un gran control de redes sociales y de redes telefónicas.

Que los nazis son unos lloricas no es nada nuevo, lo que sorprende es la facilidad con la que pueden señalar y acusar, y hasta qué punto de exageradas y desproporcionadas pueden llegar a ser las operaciones policiales cuando se les toca a uno de sus cachorros.
Estas operaciones, tras un amplio montaje, concluyen en la petición de tres años y medio de cárcel para cada detenido, en ausencia de pruebas ni testigos en contra de nuestros compañeros.

La solidaridad es nuestra mayor arma, y sabemos que hoy les ha tocado a ellos, pero mañana puede ser cualquiera el que se encuentre en esta situación.
¡Apoya y difunde!


Para aquella persona/colectivo/plataforma que desee contribuir: 2100/1615/16/0100608680       LA CAIXA.        

Stop represión! solidaridad detenidos de Poniente!

lunes, 1 de octubre de 2012

miércoles, 26 de septiembre de 2012

JORNADA DE HUELGA GENERAL EN GRECIA


UNA HUELGA GENERAL CONTRA LA AUSTERIDAD PARALIZA GRECIA

La mayor huelga general que ha visto Grecia en lo que va del año concluyó con violentos enfrentamientos entre agentes de seguridad y manifestantes encapuchados. Decenas de miles de personas inundaron las calles de Atenas este miércoles para protestar contra el paquete de austeridad promovido por el Gobierno del conservador Andonis Samarás.
La marcha, que congregó a más de 70.000 personas según los organizadores, se dirigió al Parlamento griego bajo la consigna de "No nos entregaremos a la troika" y "Unión Europea, Fondo Monetario Internacional: ¡Fuera!".
Al final de la manifestación, docenas de manifestantes encapuchados arrojaron piedras, botellas y bombas molotóv contra los más de 5.000 agentes desplegados para proteger la seguridad durante la manifestación. La policía se enfrentó con los manifestantes en la plaza Syntagma, en frente del Parlamento griego, bajo el ruido de los helicópteros.
Policías antidisturbios se ven envueltos por las llamas de una bomba molótov durante los choques violentos de hoy, en Atenas. / EFE
Al menos 120 personas han resultado detenidas después de que algunos participantes en la marcha destruyeran kioscos de prensa y encendieran fuego a contenedores de basura. "No podemos más. Estamos desangrándonos. No podemos criar así a nuestros hijos", dijo Dina Kokou, una profesora de 54 años y madre de cuatro hijos que recibe una paga de 1.000 euros al mes.

"Estos recortes nos están matando"

La huelga de 24 horas, convocada por los dos mayores sindicatos del país (que representan la mitad de los cuatro millones de trabajadores griegos) ha sido la primera prueba para el primer ministro Andonis Samarás, elegido en mayo. La Policía estimó que la manifestación de hoy ha sido la mayor desde mayo de 2011 y una de las más grandes desde que Grecia, que está al borde de la bancarrota, pidiera su primer préstamo a entidades internacionales y comenzara a aplicar una serie de dolorosos recortes.
El verano ha permitido a la frágil coalición actualmente en el Gobierno (que llegó al poder con un discurso europeísta y a favor de la austeridad) gozar de una aparente calma, pero los sindicatos han anunciado que la tregua ha terminado. "Ayer los españoles salieron a las calles, hoy nos toca a nosotros, mañana a los italianos y pasado mañana, Europa entera", afirmó Yorgos Harisis, miembro del sindicato ADEDY.
"Con esta huelga queremos enviar un fuerte mensaje al Gobierno y a la troika, de que las medidas que quieren imponer no pasarán por el Parlamento, porque los días de este Gobierno están contados". Los barcos permanecieron atracados, los museos y los monumentos cerrados a los visitantes y los controladores aéreos hicieron un paro de tres horas. Los servicios de tren fueron suspendidos, al igual que varios vuelos. Las oficinas públicas permanecieron cerradas y los hospitales funcionaron con personal mínimo.

"Están destruyendo nuestras vidas"

Mucha de la ira de los sindicatos responde a los duros recortes por más de 12.000 millones de euros en los próximos dos años.Se espera que el dinero para pagar esta deuda provenga de la reducción de salarios y pensiones. "No podemos quedarnos con los brazos cruzados mientras el Gobierno y la troika destruyen nuestras vidas", comentó Dimitra Kontuli, funcionaria de 49 años que ha visto reducido su salario de 1.600 euros mensuales a 1.100. "Mi esposo perdió su trabajo, no podemos llegar a fin de mes", explicó. Una encuesta realizada por la agencia MRB mostró que el 90% de los griegos cree que los recortes son injustos y que son más duros con la clase trabajadora.
Los sindicatos creen que Grecia debe de permanecer en el euro pero también defienden que una reestructuración en el pago de la deuda que aplique mayores impuestos a los ricos y una política firme contra los evasores de impuestos.
En Grecia, que entra a su quinto año consecutivo en recesión y donde uno de cada cuatro trabajadores no tiene empleo, se acaba la paciencia, según han advertido analistas, que también señalan que la ola de indignación podría derribar al Gobierno. "La gente quiere decirle a Samarás que están mal, para que él lo use como argumento para pedir concesiones a la troika", afirma el director de la agencia encuestadora MRB, Dimistris Mavros.
"La gente está dispuesta a dar tiempo al Gobierno, pero bajo ciertas condiciones, como perseguir la evasión de impuestos y conseguir una extensión del vencimiento de la deuda. Si el Gobierno [de Samarás] consigue eso, tendrá más tiempo".

CRONICA 25S MADRID


POLICÍAS INFILTRADOS EN LAS MANIFESTACIONES



¿Iniciaron policías infiltrados los disturbios del #25s?

Los graves incidentes de ayer en Madrid han dado la vuelta al mundo gracias al fenómeno de las redes sociales, especialmente Twitter. Las gigantesca cantidad de fotos y vídeos que se han subido a Internet han despertado las sospechas de miles de ´navegantes´ sobre cómo empezaron los disturbios que provocaron la violenta carga policial y la posibilidad de que hubiera policías infiltrados entre los alborotadores que los provocaron.





Dos de esos vídeos, que se pueden ver en esta página, son los quer más han alimentado las dudas. En el primero de ellos, capturado de la emisión emitida por RTVE y, por tanto, libre de cualquier sospecha de manipulación, puede observarse al grupo de manifestantes, la mayoría de ellos encapuchados y portando una bandera roja que con su actitud provocadora dieron pie a la carga policial. En determinado momento, uno de los encapuchados en interceptado por los agentes, que lo arrastra por el suelo y se lo lleva hasta donde están los furgones de la Policía. Pocos minutos después, la que parece ser la misma persona parece de nuevo en el vídeo, pero esta vez ayudando a los antidisturbios a detener a otros manifestantes.


“Que soy compañero, coño”


El segundo vídeo muestra con toda claridad cómo algunos policías tiran al suelo y van a detener a otro encapuchado, que rápidamente se identifica como ‘compañero’ y recibe el apoyo de otra encapuchado más que ce acerca el grupo y confirma a los agentes uniformados que, efectivamente, la persona a la que van a detener, se entiende que con motivo justificado, es efectivamente, un policía de paisano infiltrado entres los manifestantes.

Las sospechas no son injustificadas, ya que hace unos años, durante el mandato de José María Aznar y mientras se celebraba una importante cumbre de altos mandatariosinternacionales en Barcelona,también diron la vuelta almundo unas imágenes en la que se veía conta claridad cómo agentes de paisano que acababan de bajar de un vehículo policial cogian una valla metálica de la calle y la lanzaban contra la cristalera de una sucursal bancaraia, dando origen una posterior y también muy violenta carga policial. El líder de Izquierda Unida y diputado en el Congreso ha pedido que se abra esa investigación.

Aunque aquellas imágenes fueron vista en las televisiones de muchso países, no se abrió ninguna investigación sobre los hechos. No parece pausible que, dadas las circusntancias, las que hoy circulan a toda velocidad por la Red vayan a conseguir que se haga.

Ambos vídeos, que están obteniendo una enorme difusión en las redes sociales han generado mucho malestar entre sus usuarios, como puede comprobarse leyendo los comentarios que acompañan a cada una de las entradas que los reproducen. También, cómo no, han alimentado el sentido del humor de los internautas, que a lo largo del día han convertido el hashtag "#quesoycompañerocoño" en trending topic. Es decir, en tema más relevante del momento.

martes, 4 de septiembre de 2012

Desalojo de inmigrantes de la Isla de Tierra


España y Marruecos desalojan a los inmigrantes de la Isla de Tierra


El Gobierno entrega a Marruecos a 73 subsaharianos que aún permanecían en el islote. La operación se ha realizado de madrugada. En España se han quedado ocho menores y dos mujeres.


De madrugada, bajo la oscuridad de la noche y sin permitir que nadie se acercara. Así actuaron los agentes de la Guardia Civil que esta noche han desalojado a los 83 subsaharianos que permanecían todavía en Isla de Tierra, un pequeño islote deshabitado a tan sólo 30 metros de la costa de Marruecos, pero de soberanía española.
La operación conjunta de los gobiernos español y marroquí se ha desarrollado a partir de la una de la madrugada, cuando los primeros desalojados comenzaron a llegar a la playa de Sfiha, trasladados por lanchas de la Guardia Civil, aunque los agentes no llegaron a pisar suelo marroquí.
El desalojo se prolongó durante más de tres horas y en su desarrollo las lanchas fueron acercando a pequeños grupos de inmigrantes a la costa marroquí donde les esperaba un fuerte dispositivo policial. El operativo concluyó a los 4:30 horas, según fuentes del ministerio del Interior. 73 inmigrantes fueron entregados a Marruecos y 10 se han quedado en España, ocho menores y dos mujeres que en realidad habían sido trasladados poco antes de que empezara el desalojo en sí.
El delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, que ha asegurado en declaraciones a RNE que el desalojo ha sido "pacífico" y que "no ha habido que utilizar la fuerza", ha dicho desconocer qué va a pasar ahora con las personas que han sido trasladadas hasta Marruecos. 
Según El Barkani, las diez personas que fueron trasladadas a Melilla han recibido atención hospitalaria y todos se encuentran en buen estado de salud, excepto un bebé de ocho meses y un niño de 15 años que padecen diabetes y que estás recibiendo tratamiento. En un comunicado posterior, el Gobierno ha calificado la operación de "éxito" y celebrado la actuación "modélica" de los agentes de la Guardia Civil.
Por su parte, el Gobierno marroquí se ha referido por primera vez a este asunto para decir que el desalojo se ha producido "en condiciones humanitarias",  según dijo el portavoz del Gobierno alauí, Mustafa El Jalfi. "La presencia de los emigrantes en el islote representa un peligro para ellos mismos", explicó el titular de Comunicación.

Operación conjunta 

Desde la semana pasada, varias decenas de inmigrantes procedentes de distintos países de África han llegado hasta este pequeño terreno del archipiélago de Alhucemas como una nueva vía para acceder a España.
Un grupo de 68 inmigrantes, entre ellos tres menores, llegó el domingo a la isla, donde ya había otras trece personas desde el pasado miércoles. Allí han esperado durante varios días confiando en que las autoridades españolas se hicieran cargo de su traslado hasta Melilla, pero salvo en los casos de personas más vulnerables, como los menores, sus madres y las mujeres embarazadas, que fueron trasladados a su llegada, el Ejecutivo español dejó allí a los subsaharianos hasta tomar una decisión. Según el Gobierno, la asistencia humanitaria ha estado garantizada con el suministro de mantas, agua y comida.
El domingo por la tarde Madrid y Rabat comenzaron una ronda de conversaciones a través de los ministros del Interior y de Exteriores y Cooperación con sus homólogos marroquíes para tratar deencontrar una "solución duradera" a la situación, según comunicó ayer José Manuel García-Margallo. A última hora del lunes el Gobierno anunciaba un principio de acuerdo entre los dos países para repartirse a los inmigrantes que quedaban en la Isla de Tierra, aunque no especificaron la proporción en que serían distribuídos.

viernes, 31 de agosto de 2012

La mitad de las CCAA mantendrán la asistencia a los sinpapeles

Crece el número de autonomías rebeldes que seguirán atendiendo a los inmigrantes sin papeles 

Casi un millón de inmigrantes se quedarán sin asistencia sanitaria a partir del sábado, cuando entra en vigor la norma que se retira el acceso a la sanidad pública a los extranjeros que residan en España de manera irregular. 

La mitad de las CCAA mantendrán la asistencia a los sin papeles.Su nombre es Leyti y mira a los ojos fijos cuando recuerda los ocho meses que trabajó y que cotizó en nuestro país, pero que no le servirán para nada. Esta misma mañana en Cádiz recordaba como perdió el empleo y con él sus papeles. Ahora, su única preocupación dejará de ser la de ahorrar todo lo posible para enviarlo a su familia en Senegal. Tendrá que ventilárselas para seguir vivo sin tarjeta sanitaria: “Si no tenemos dinero ni médicos, ¿qué hacemos?, ¿nos morimos?”, cuestionaba a los periodistas convocados por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en vísperas de que el 1 de septiembre entre la polémica reforma sanitaria del Gobierno. Ese trata de la puesta en práctica del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril en el que, junto a otras medidas, se retira el acceso a la sanidad pública a los inmigrantes que residan en España de manera irregular. Se calcula que, ese día, más de 153.000 inmigrantes irregulares perderán su tarjeta sanitaria. Se trata, según numerosas organizaciones de la sociedad civil española, de un gesto claramente racista y xenófobo ya que, según cálculos del propio ejecutivo, dicha medida apenas permitirá ahorrar 500 millones de euros, una cifra bien alejada de los 16.000 millones de déficit que aqueja a la Sanidad pública española. Rafael Lara, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, considera que los cálculos oficiales son exagerados: “Los inmigrantes apenas generan gasto al sistema de salud pública”, rechaza de plano. 

 La reforma, según la organización a la que representa, apenas afectará a las arcas públicas, pero si perjudicará a otras prestaciones, “como una mayor saturación de los servicios de urgencia, y sobre todo para la salud pública, porque este tipo de medidas segregacionistas puede provocar que determinadas enfermedades infecciosas se propaguen a toda la población, al no ser tratadas ni controladas. Pero sobre todo, padecerán las propias personas inmigrantes que sufrirán un agravamiento en su estado de salud por enfermedades fácilmente curables en su estadio inicial, o simplemente verán comprometida su supervivencia cuando estén afectados de enfermedades graves, crónicas o que requieran un tratamiento prolongado en el tiempo (diálisis, insulinoterapia, tratamientos oncológicos, retrovirales en caso de VIH…)”. La perdida de documentación que ha llevado pareja el incremento del desempleo ha multiplicado exponencialmente el número de inmigrantes irregulares en España, que actualmente oscilaría en torno a 459.946, en su mayoría –306.477—procedentes de la Unión Europea. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, 5.251.094 extranjeros residentes en nuestro país cuentan con permiso de trabajo o residencia y no se verán afectados por la exclusión del sistema de salud que promueve el Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, todos los indicios apuntan a que el número de inmigrantes en situación de semi-clandestinidad es mucho mayor y podría situarse incluso en torno a un millón de personas. Desde el sábado todos aquellos que superen la edad de 18 años se verán oficialmente rechazados en los hospitales españoles, a excepción de los servicios de urgencias. Al menos, eso es lo que pretendía el Gobierno, pero no va a ser así. Durante los últimos días, también aumenta el número de gobiernos autonómicos que se oponen a dejar a las bienaventuranzas fuera de la ley, mientras que la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE) ha convocado para mañana día 31 una jornada de movilización estatal contra estos nuevos recortes. El ministerio de Sanidad, que titula Ana Mato, se ha comprometido a mantener el tratamiento a los enfermos crónicos o graves, a los que se les retiraría la tarjeta de asistencia, pero buscando un extraño subterfugio, el de hacer llegar a sus países de origen el coste de la atención que reciban, en el supuesto de que haya convenio de cooperación en dicha materia como ocurre, por ejemplo, en el caso de Ecuador. De no ser así, el inmigrante será atendido cuando el facultativo determine un riesgo vital. 

El reglamento que desarrolle en decreto de la reforma incluye una trampa que avanza ya la posible privatización del hasta ahora sistema universal de salud pública: a los inmigrantes irregulares, sean comunitarios o no, se les ofrecerá una póliza de seguros si desean cobertura sanitaria completa, unos 710,40 euros anuales (59,20 al mes) o 155,40 mensuales para los mayores de 65 años. Rafael Hernando, diputado del Partido Popular , ha llegado a asegurar que “el concepto de salud universal no quiere decir que la asistencia sea gratuita”, contraviniendo los distintos convenios firmados en tal sentido por España ante Naciones Unidas y que sostienen que la financiación de los servicios de salud universal no debe correr a cargo de los pacientes sino que deben buscarse cauces alternativos. Ayer, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, insistía en dicho supuesto y consideraba que “la exclusión de las personas en situación irregular de la atención sanitaria es moralmente intolerable, y condiciona la calidad democrática y los valores humanitarios de nuestra sociedad”, en palabras de su presidenta, Maribel Mora.

 “Se trata de una medida que tiene un claro sesgo ideológico, cuando se han atrevido a decir que son las personas inmigrantes los responsables del déficit sanitario, cuando realmente todos los estudios y las estadísticas de las propias comunidades autónomas indican que los inmigrantes en general y en particular los indocumentados, hacen un uso de los servicios públicos sanitarios en un porcentaje muy inferior que los nacionales. Por ello no es un despropósito afirmar que se trata de una disposición que tiene un marcado carácter discriminatorio y segregacionista”, insiste esta joven abogada que echa mano a los precedentes legales en vigor; desde el Derecho Humano a la Salud, recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en nuestra Constitución y en los numerosos tratados internacionales firmados por España y de forma más específica el Art. 3 de la Ley 16/2003 de 28 de Mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que recoge que la salud es un Derecho Fundamental del que no se podía privar a ningún colectivo por “razones culturales, lingüísticas, religiosas o sociales.” La salud, ahora, deja de ser un derecho para convertirse en una contraprestación que, además, ya no se basa en las cotizaciones a la Seguridad Social sino a la financiación general de cada comunidad autónoma y gobierno central, fruto de los impuestos de todos, tengan o no tengan papeles: “La salud no es un producto comercial”, sostenían esta misma mañana los portavoces de la Plataforma Canaria por los Derechos Humanos de las Personas Migrantes. La Plataforma por los Derechos Humanos de las personas migrantes, surgió hace varios meses, pero ahora afronta su prueba de fuego. La organización, que congrega a colectivos como Médicos del Mundo, asociaciones de inmigrantes y sindicatos, ha exigido la derogación del decreto, y ha profetizado que se trata de un simple preámbulo para la "inminente" privatización de la Sanidad y de la Educación "que también afectará a la población nativa". 

No habrá ahorro, según su punto de vista, pero sí riesgos: si un sector de la población no se vacuna para prevenir enfermedades infecciosas, como puede ser el caso de una simple gripe, se configurará como un nicho de riesgo que podrá transmitir dichas afecciones al resto de la población. Es una percepción que se extiende a otros lugares del Estado: “En la comunidad andaluza, tanto el Vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, como la Consejera de Salud, María Jesús Montero, han indicado que Andalucía va a garantizar el acceso a la salud por parte de las personas inmigrantes sin documentación –entiende Mora--. Sin embargo, a dos días de que entre en vigor el Decreto Ley, no se han dado instrucciones claras de cómo esto se va a llevar a cabo de forma efectiva. Muchos centros de salud han tenido que ponerse en contacto con sus Distritos Sanitarios, sin que éstos estén dando instrucciones precisas sobre cómo proceder”. Hoy mismo, María Jesús Montero, consejera de Salud de la Junta de Andalucía, ha insistido en que Andalucía seguirá atendiendo a dicho colectivo "exactamente igual que hace un mes o hace un año, y mantendrá la protección universal de todos los ciudadanos tengan el origen que tengan". Se calcula que en Andalucía existen alrededor de unas 46.000 personas las que disponen de un Documento asistencial temporal que seguirá en vigor, a fin de realizar un seguimiento de su historial médico a través de diferentes centros de salud. Asturias y Canarias se han sumado al plante. También Castilla y León, otra comunidad del PP, y Navarra, seguirán prestando asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles a partir del próximo sábado . 

Del mismo modo, en el País Vasco se mantendrá esa misma doctrina, aunque como en Cataluña o Galicia, la primera autonomía del PP en decirle que no a La Moncloa, se ha incorporado un requisito que antes no existía explícitamente, y es el de exigir el empadronamiento en cualquiera de los municipios de la comunidad autonómica “en el que tengan su domicilio habitual, por un período continuado de, al menos, un año inmediatamente anterior a la presentación de solicitud de reconocimiento del derecho”. Así se contempla en el Decreto 114/2012 publicado por el Gobierno Vasco el pasado 26 de junio sobre el “Régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi”. Y así lo ha denunciado hoy, en Bilbao, Harresiak Apurtuz, Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes y SOS Racismo. Sus portavoces han asegurado que secundarán las movilizaciones que mañana viernes tendrán lugar a escala estatal por el derecho a la sanidad pública para todas las personas.

 “Esta exigencia de empadronamiento continuado en la práctica supone que muchas personas extranjeras tendrán que esperar bastante más que un año para acceder a la sanidad pública, teniendo en cuenta las dificultades que tienen para poder acceder al padrón y al no contemplar las otras opciones posibles para demostrar la residencia habitual”. Las autonomías rebeldes, incluyendo a la gallega de Núñez Feijoo, no hablan de insumisión sino de desobediencia porque tienen transferidas las competencias en materia de salud y pueden aplicarlas a su conveniencia. La Generalitat de Cataluña mantendrá la misma atención sanitaria que hasta ahora a las 600.000 personas que en Cataluña perderán su condición de asegurado a partir del 1 de septiembre, mientras que les dará un plazo de seis meses para regularizar su situación, sobre todo la controvertida cláusula del empadronamiento, que es una condición con la que el Govern pretende evitar el turismo sanitario. De hecho, los inmigrantes sin papeles (unas 180.000 personas) que tengan tarjeta sanitaria deberán acreditar que hace más de tres meses que están empadronados y, en este caso, se les proporcionará un documento, únicamente válido en Cataluña, con el que tendrán acceso garantizado a la atención primaria. Tras su plante de esta semana a Ana Mato, el consejero de Sanidad vasco, Rafael Bengoa, ha criticado de hecho que el ministerio pretenda "funcionar por decreto ley escudándose en la idea de que hay una crisis económica y que por tanto hay una crisis sanitaria, cosa que no es cierto". 

A juicio de la plataforma vasca, la reforma sanitaria no afecta sólo a los inmigrantes sino a la población autóctona ya que, por primera vez, se sienta un precedente claramente economicista en el derecho a la salud: “Afecta a toda la sociedad y define un modelo de sociedad discriminatorio. Muchas personas, nacionales o inmigrantes en situación regular, es posible que no puedan disponer del derecho a una cobertura de salud amplia según sus circunstancias laborales o personales. Que no nos engañen”, alertan”. A su juicio, el polémico decreto supone un atentado contra la cohesión social: “La restricción del derecho a la sanidad fagocita una de las garantías más básicas del sistema de bienestar; y esconde una maniobra política en aras de la privatización de un servicio que se supone universal”. Junto al plante de diversas autonomías, el Gobierno tendrá que enfrentarse también al hecho de que más de 1.700 profesionales sanitarios se declaran objetores y afirman que seguirán atendiendo a inmigrantes. Ese es el número de inscritos en la Red de médicos de Familia de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, una de las entidades que se han mostrado más activas en este ámbito, junto con otras organizaciones como Médicos del Mundo. Entre los objetores, figuran profesionales de la salud de atención primaria, enfermeros, psiquiatras, internistas, o pediatras, que reivindican su “derecho a curar”, por encima de las restricciones gubernamentales.